Desde el 29 de junio de 2023, las llamadas comerciales no solicitadas tienen un régimen mucho más estricto en España. La regla general es que el usuario final tiene derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo o que la llamada pueda ampararse en una excepción válida y restrictiva.
En este artículo vamos a tratar...
Cuándo puede hacerse una llamada comercial
Una empresa debe poder acreditar una base jurídica válida. En la práctica, el consentimiento previo del usuario es la vía más segura. También pueden existir supuestos de relación previa o interés legítimo, pero deben interpretarse con cautela, respetando oposición, expectativas razonables y normativa sectorial.
Lista Robinson y oposición
Antes de realizar campañas telefónicas, las empresas deben revisar sistemas de exclusión publicitaria como la Lista Robinson cuando corresponda. Si una persona se opone a recibir llamadas, esa oposición debe respetarse y registrarse para evitar nuevos contactos.
Buenas prácticas para empresas
- Documentar la base legal de cada campaña.
- Filtrar listas contra sistemas de exclusión publicitaria.
- Identificar claramente a la empresa al inicio de la llamada.
- Informar de la finalidad comercial y del derecho de oposición.
- Registrar bajas y oposiciones de forma inmediata.
- Revisar contratos con call centers o proveedores de campañas.
- Evitar llamadas a números obtenidos de fuentes dudosas o compradas sin garantías.
Riesgos y sanciones
Las llamadas no autorizadas pueden dar lugar a reclamaciones ante la AEPD, sanciones económicas, daños reputacionales y problemas contractuales con proveedores. El riesgo aumenta cuando se realizan campañas masivas, se ignora la oposición o no se puede acreditar la legitimación.
Fuentes oficiales recomendadas
- BOE: Circular 1/2023 de la AEPD sobre llamadas comerciales.
- AEPD: publicidad no deseada.
- BOE: Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.
Conclusión
Hacer llamadas comerciales ya no puede tratarse como una acción masiva sin control. Cada campaña debe justificar su base legal, respetar oposición y exclusión publicitaria, y dejar trazabilidad suficiente para responder ante una reclamación.